El cine es, posiblemente, uno de los sectores de la comunicación más incididos por el Derecho público. La razón de esta intervención se relaciona con el carácter de industria cultural de la cinematografía y con el interés público comprometido en su defensa. Ayudas administrativas a la cinematografía plantea la existencia de un ineludible mandato constitucional que sustenta ese apoyo, tanto en España como en Argentina, profundizando en las herramientas que provee el Derecho público a tal efecto.