La infracción del derecho de autor lleva mucho tiempo figurando en las agendas políticas nacionales e internacionales. El sector de las industrias culturales también lleva mucho tiempo luchando para conseguir que acabe lo que describen como piratería rampante de sus productos. El Gobierno del Reino Unido agravó las penas criminales para las infracciones de los derechos de autor en 2002. El Gobierno francés en 2009 introdujo un mecanismo (la llamada respuesta graduada) para obligar a los proveedores de servicios de Internet (ISPs) a limitar el acceso a Internet a los usuarios implicados en la compartición de ficheros. Esta iniciativa se ha limitado en el Reino Unido, donde la Digital Economy Act 2010 proporciona un marco para imponer obligaciones similares sobre los ISPs. En 2007, Estados Unidos planteó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) que China no se ajustaba al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) porque las leyes chinas no establecían umbrales adecuados para la persecución de la piratería. Actualmente Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Australia y algunas otras naciones están elaborando el ACTA o Anti-Couterfeiting Trade Agreement.